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CONSEJO ESTATAL DE OSCEN ARCHIVO MUERTOPOR BONILLA Y MARINA DEL PILAR



Las instituciones ciudadanas de Baja California, saben la historia de la que muchos fueron protagonistas. Después de varios años de trabajo conjunto representantes del voluntariado y legisladores locales, el 2 de marzo de 2001, atestiguaron la publicación de la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social de nuestro estado.

Fue considerada un ejemplo en toda la república por los aspectos políticos de avanzada y la inclusión del Tercer Sector, junto a las autoridades estatales, como un claro ejemplo de Gobernanza. En la que el respeto entre ambos sectores, contribuyeron a la exitosa relación de trabajo, en favor de los grupos más necesitados.

Hoy vale la pena recordar que desde el principio del gobierno de Jaime Bonilla, la relación fue de desconfianza y malos entendidos. No podía ser de otra forma, en cuestión de 3 meses, desfilaron por la Secretaria de Integración y Bienestar Social (SIBSO) 2 mujeres que no tuvieron tiempo de conocer sus obligaciones en esa dependencia. Y la tercera que llegó, sin experiencia en el tema, no hizo mejor las cosas.

Consejo Ciudadanizado

De acuerdo con la Ley el Consejo Estatal está integrado por 11 ciudadanos y 8 por representantes del gobierno: gobernador o quien designe, director(a) DIF Estatal y un representante de cada uno de los 5 ayuntamientos.

Art. 18. La representación del Consejo recaerá en un Presidente y en un Secretario que serán electos y nombrados por mayoría simple entre sus miembros; el resto de sus integrantes fungirán como vocales.

La presidencia del Consejo se alternará entre un representante gubernamental o uno de las organizaciones. En ningún caso ésta recaerá durante dos periodos consecutivos, en cualquiera de ellos.

Art. 19. El Presidente y el Secretario del Consejo durarán en su cargo dos años, pudiendo el segundo ser ratificado para un periodo igual, una sola vez.

Causas que eliminaron por dos años al Consejo Estatal.

Los integrantes del IX Consejo, tomaron en cuenta que el cambio de los funcionarios estatales y municipales, coincidiría con la fecha que la Ley marca como obligatorio se convoque a elecciones de los consejeros ciudadanos. Así que por votación decidieron adelantar la fecha para que nombrar a los nuevos. Todo se hizo escuchando a la mayoría que consideró la propuesta era viable.


La primera titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo, Cinthya Gissel estuvo poco más de un mes. Llegó a sustituirla Laura Torres Ramírez quien ordenó presentar en el Tribunal de Justicia Administrativa, el 23 de enero del 2020 “una suspensión provisional con el objeto de que el X Consejo Estatal, no ejercite las funciones atribuidas que le concede la Ley por estar afectado de nulidad su proceso de elección”.


La funcionaria, seguramente aconsejada por quienes no sabían del tema, argumentó en el escrito que las elecciones de los consejeros no cumplieron con lo establecido en la Ley. Lo curioso es que la jornada de elección se realizó el mismo día, a la misma hora y en cada uno de los municipios. Sin que ni en esa fecha ni en los días subsecuentes se presentara algún tipo de queja. Salvo en Tijuana, uno de los asistentes que no logró votos suficientes para ser nombrado Consejero, se quejó. Sin que diera un argumento sólido.


Ese solo detalle mereció el interés de la efímera Secretaria Torres y presento la solicitud para que se suspendiera todo lo relacionado con el Consejo. Todavía en el mes de diciembre del 2021 el Tribunal estaba citando a los demandados. Que curiosamente la queja fue contra las instituciones y no sobre sus representantes que fueron votados para Consejeros. Bastaría revisar la Ley que nunca menciona a las instituciones como merecedoras de un lugar en el Consejo, sino a PERSONAS.


Pasaron los tiempos y no se publicó la Convocatoria para los nuevos Consejeros.

Entre noviembre y diciembre se debería haber convocado para los integrantes del XI Consejo Estatal. Y que en enero del 2022 tomaran protesta y realizaran su primera sesión reglamentaria para presentar a los consejeros ciudadanos y los nuevos consejeros funcionarios. Hay que tener presente que de acuerdo con la Ley de Fomento, quien presidirá al XI Consejo debe ser un representante del sector gobierno.


El X Consejo pasará a la historia con su gran realidad: no existió. Jaime Bonilla y sus 3 Secretarias de Desarrollo Social, lo mandaron al Archivo Muerto. Y la actual gobernadora Marina del Pilar Avila, junto con su ex titular de SIBSO (antes SEDESOE) Netzahualcóyotl Jaúregui, consideraron peligroso el actuar de los Organismos de la Sociedad Civil, organizados como Consejo Estatal que trabajó con éxito más de 20 años.






La Gobernadora Marina del Pilar, sin interés en la fortaleza de los OSC´s. por eso tiene en Archivo Muerto, el Consejo Estatal de OSC´s.




El titular de SIBSO, Netzahualcóyotl Jauregui empresario habilitado por la Gobernadora como funcionario público, sin idea de la importancia de los OSC´S. se dedicó a repartir despensas a cambio de votos.





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