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UNA LEY ABUSIVA



En el 2014, sin que nadie la pidiera el entonces gobernador Francisco “Kiko” Vega se le ocurrió enviar al Congreso local el proyecto de Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes.


Aspiraba a “regular” las Casas Hogar para según el político, poner orden en esas instituciones, casi todas sostenidas en forma total por quienes deciden ayudar a la comunidad en la tarea de proporcionar cuidados, un hogar sustituto y trato adecuado y digno para las criaturas que carecen de todo ello. Debido a los casos de abandono o que sus padres están en cárceles.


Red Social participó al lado de un grupo de directivos de Casas Hogar que pidieron una reunión con representantes del Congreso. Estuvieron Nereida Fuentes José Luis Medina.

Ni entonces ni ahora se cumplió con esas pretensiones oficiales de dejar toda la carga a quienes desde la Sociedad Civil Organizada, cuidaban de los niños. En aquel entonces haciéndonos eco de la preocupación de esos grupos, Red Social publicó en el ejemplar 192, el siguiente artículo que sigue siendo vigente. Así lo titulamos


UNA LEY ABUSIVA

PRESENTADA POR

EL GOBERNADOR VEGA



Francisco Vega


En septiembre de 2014 se le dio entrada al Congreso Local.

La llamada Ley de Instituciones de Asistencia Social Privada para niñas, niños y adolescentes, fue presentada en forma de Proyecto por el gobernador Francisco “Kiko” Vega. Su origen se debe al gran escándalo que se armó en Morelia, Michoacán con el hogar de Mamá Rosa. No porque en Baja California se hubiera detectado abuso o maltrato en la población infantil de los orfelinatos.


Y es que este Estado ya cuenta con un marco jurídico que regula los actos relativos a la constitución, funcionamiento, fomento y desarrollo, se trata de la Ley de Asistencia Privada, muy amplia que además de normar a establecimientos que albergan menores de edad, también se aplica a todas aquellas fundaciones que con fines

de interés público y no lucrativos son reconocidas por el Estado, como auxiliares de asistencia social.


Al conocer el Proyecto de Ley del gobernador Vega, surgió la alarma entre los directivos de los orfelinatos de Baja California, que son varias docenas, en sus totalidad, sostenidas con grandes esfuerzos y sacrificios por organismos de la sociedad civil que se han agrupado en fundaciones o asociaciones civiles.


Se dieron cuenta que desde el nombre, hasta su contenido, la decisión de atender a esas instituciones, motivados por la generosidad, el Estado, en este proyecto de ley, se los imponía como una obligación, vea usted:


“Regulación de Casas Hogar y profesionalización de su personal, que permita al gobierno regular la instalación y vigilare el buen funcionamiento…obligar a las casas hogar (orfelinatos) a contar con personal profesional y capacitado que garantice un debido cuidado y atención de infantes y jóvenes menores, recluidos en aquellos…”


Este texto, prácticamente acusa a las actuales Casas Hogar para niños, también conocidas como Orfelinatos, que en la actualidad todas estas instituciones no ofrecen seguridad, atención a todas sus necesidades. Que están al cuidado de personas sin preparación, conocimientos, ni cuentan con valores éticos y morales.


La nueva Ley del gobernador Vega, exige que esas instituciones que realizan su trabajo, inviertan en contratar profesionales de la psicología, médicos y trabajo social y que hagan reparaciones especiales. Sin siquiera visitarlas, como había sido costumbre durante el sexenio del gobernador J. Guadalupe Osuna Millán.


De hecho en los tiempos de la anterior presidenta del DIF, DOÑA Carmina Capuchino de Osuna, apoyaban a los orfelinatos, con visitas regulares a cada institución que lo solicitaba para atender a las niñas y niños. Seguir ofreciendo este servicio es lo menos que pueden hacer por las instituciones que están realizando el trabajo del gobierno estatal. Pues la misma Ley de Asistencia Social lo ordena.


Por lo pronto ya se están realizando reuniones en todo el estado en las que los directivos de las casas hogar están revisando este proyecto de Ley para opinar, porque tienen derecho. Para sugerir, porque su experiencia y trabajo en favor de la niñez, los avala. Se vive otra época política en la que la ciudadanía tiene voz, puede criticar, sugerir y seguir comprometiéndose.


El gobierno no tiene por qué imponer sus órdenes en acciones que le toca cumplir.


Unos y otros (ciudadanía y gobierno) en el mejor de los casos, desean lo mejor para los niños expósitos. Niños que no reciben el cuidado de sus propios padres. (lep)




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